The men and women who serve in Law Enforcement at all levels of government provide a vital service to the community. Their service contributes significantly to assuring the social covenants by which we are friends and neighbors for one another. When law enforcement agents work alongside the communities they serve, this furthers the common good and fosters a wholesome environment where neighborhoods, schools, churches, businesses and parks can thrive as places where we work, study, pray, and play together. I encourage the efforts of law enforcement agencies at all levels to pursue this worthy ambition for the good of all.
Recent events in Minneapolis and other cities have jeopardized this sacred trust and may unravel the essential social covenants that protect us all from violence and abuse. Disproportionate violent provocations and violent reprisals have no place and serve no purpose. I welcome those entrusted with safeguarding our families and communities to walk with us on the path of cooperation, transparency, and co-responsibility for the sake of public safety and the common good. Law Enforcement efforts should not be a threat to working families and communities. May we work together as good neighbors. Join with me in asking the intercession of our Blessed Mother, Santa María de Guadalupe, so that the patience, mercy, wisdom, and peace of her Son, Jesus, may prevail.
Respectfully,
+Jaime Soto
On Recent Violence, Public Trust, and the Call for Peace and Accountability
January 28, 2026
The Catholic bishops of California are deeply saddened and alarmed by the recent loss of life connected to federal immigration enforcement activity. We mourn those who have died, pray for their families, and stand with communities now living in fear and uncertainty. At a moment when people are exercising their First Amendment rights to protest and seek accountability, violence only deepens wounds and erodes the foundations of peace and public trust.
We echo our brother bishops’ call for restraint, transparency, and respect for the dignity of every human life. In a constitutional republic grounded in checks and balances, accountability, due process, and truth are not optional.
Deportation alone is not an immigration strategy. Enforcement without proportionality and power without accountability cannot produce safety or stability. Instead, they exacerbate fear, separate families, and place already-vulnerable lives at greater risk. Immigration policy must first recognize that migrants are human beings imbued with inherent dignity and then offer solutions grounded in justice rather than fear or force.
Pope Paul VI taught, “If you want peace, work for justice.” Pope Francis reiterated this truth, reminding the world that “there can be no peace without justice, and no justice without truth.” And Pope Leo XIV stressed, “I believe we must seek ways of treating people with humanity, with the dignity that is theirs.”
In this moment, it is right to question whether our leaders truly seek peace, intend justice, or are concerned with treating all people humanely. The actions of many who give orders and follow orders no longer reflect the values upon which our society is based, and certainly not the Christian command to love one’s neighbor as oneself.
In this light, we renew our call for meaningful immigration reform—one that addresses the root causes of migration, provides lawful pathways, preserves family unity, and upholds the rule of law without resorting to excessive or indiscriminate force.
In this painful moment, we pray that our nation may embrace the demanding work of accountability and truth, without which peace cannot endure.
In this moment of sorrow and civic unease:
We urge prayer for the victims, their families, and for peace in our communities.
We stand in solidarity with migrants and refugees, demanding just treatment and prioritizing family unity and community stability.
We call upon public officials, law enforcement, and immigration authorities to adopt de-escalation practices, conduct transparent investigations, and ensure accountability, mindful that peace and justice are inseparable.
We assert that a society’s moral health depends on the restoration of trust through truth, dialogue, and mutual respect—principles rooted in our Catholic understanding of human dignity.
May the Prince of Peace call our nation to account, turn us away from violence and fear, and lead us toward justice, reconciliation, and lasting peace.
Los hombres y mujeres que sirven en las agencias del orden público en todos los niveles de gobierno prestan un servicio vital a la comunidad. Su servicio contribuye de manera significativa a asegurar los pactos sociales por los que somos amigos y vecinos los unos para los otros. Cuando los agentes de la ley trabajan junto a las comunidades a las que sirven, esto promueve el bien común y fomenta un entorno saludable donde vecindades, escuelas, templos, negocios y parques puedan prosperar como lugares donde trabajemos, estudiemos, recemos y recreemos juntos. Invito a los esfuerzos de las todas las agencias del orden público en todos los niveles a que persigan esta noble ambición por el bienestar de todos.
Los acontecimientos recientes en Minneapolis y otras ciudades han puesto en peligro esta sagrada confianza y pueden deshacer los pactos sociales esenciales que nos protegen a todos de la violencia y el abuso. Las provocaciones violentas desproporcionadas y las represalias violentas no tienen cabida ni sirven para nada. Doy la bienvenida a quienes tienen la responsabilidad de proteger a nuestras familias y comunidades para que caminen con nosotros por el camino de la cooperación, la transparencia y la corresponsabilidad para lograr la tranquilidad pública y el bien común. Los agentes del orden público no deberían actuarse como una amenaza para las familias muy trabajadoras y las comunidades. Que trabajemos juntos como buenos vecinos. Acompáñenme rogando la intercesión de nuestra Santísima Virgen, Santa María de Guadalupe, para que prevalezca la paciencia, la misericordia, la sabiduría y la paz de su Hijo, Jesús.
Atentamente,
+Jaime Soto
Obispo de Sacramento
Sobre la violencia reciente, la confianza pública y el llamado a la paz y a la rendición de cuentas
28 de enero de 2026
Los obispos católicos de California recibimos con profundo dolor y preocupación la noticia de la reciente pérdida de vidas humanas vinculada a acciones federales de control migratorio. Estamos de luto por quienes han muerto, rezamos por sus familias y acompañamos a las comunidades que hoy viven marcadas por el miedo y la incertidumbre. En un momento en que las personas ejercen sus derechos amparados por la Primera Enmienda para protestar y exigir rendición de cuentas, la violencia solo profundiza las heridas y erosiona los cimientos de la paz y de la confianza pública.
Nos unimos al llamado de nuestros hermanos obispos a la moderación, la transparencia y el respeto por la dignidad de toda vida humana. En una república constitucional fundada con frenos y contrapesos, la rendición de cuentas, el debido proceso bajo la ley y la verdad no son opcionales.
La deportación, por sí sola, no es una estrategia migratoria. La aplicación de la ley sin proporcionalidad y el ejercicio del poder sin rendición de cuentas no pueden producir seguridad ni estabilidad. Por el contrario, agravan el miedo, separan a las familias y colocan a vidas ya vulnerables en mayor riesgo. La política migratoria debe reconocer ante todo que los migrantes son seres humanos dotados de dignidad inherente y, a partir de ahí, ofrecer soluciones arraigadas en la justicia y no en el miedo o la fuerza.
El papa Pablo VI enseñó: «Si quieres la paz, trabaja por la justicia». El papa Francisco reiteró esta verdad, recordando al mundo que: «Sin justicia no hay paz». Y el papa León XIV subrayó: «Creo que debemos buscar maneras de tratar a las personas con humanidad, con la dignidad que les corresponde».
En este momento, es justo preguntarse si nuestros líderes buscan verdaderamente la paz, procuran la justicia o se preocupan por tratar a todas las personas con humanidad. Las acciones de muchos de quienes dan órdenes y de quienes las ejecutan ya no reflejan los valores en los que se basa nuestra sociedad, y ciertamente no el mandato cristiano de amar al prójimo como a uno mismo.
A la luz de esto, renovamos nuestro llamado a una reforma migratoria significativa: una que aborde las causas profundas de la migración, ofrezca vías legales, preserve la unidad familiar y defienda el estado de derecho sin recurrir a un uso excesivo o indiscriminado de la fuerza.
En este momento doloroso, oramos para que nuestra nación abrace la exigente tarea de la rendición de cuentas y de la verdad, sin las cuales la paz no puede perdurar.
En este tiempo de profundo dolor y de inquietud cívica:
- Instamos a la oración por las víctimas, sus familias y por la paz en nuestras comunidades.
- Nos solidarizamos con los migrantes y refugiados, exigiendo un trato justo y priorizando la unidad familiar y la estabilidad comunitaria.
- Exhortamos a los funcionarios públicos, a las fuerzas del orden y a las autoridades migratorias a adoptar prácticas de reducir las tensiones, realizar investigaciones transparentes y garantizar la rendición de cuentas, conscientes de que la paz y la justicia son inseparables.
- Afirmamos que la salud moral de una sociedad depende de la restauración de la confianza mediante la verdad, el diálogo y el respeto mutuo, principios arraigados en nuestra comprensión católica de la dignidad humana.
Que el Príncipe de la Paz llame a nuestra nación a rendir cuentas, nos aparte de la violencia y del miedo, y nos conduzca hacia la justicia, la reconciliación y una paz duradera.